Resumen: DESPIDO COLECTIVO CONCURSAL:se rechaza el recurso de casación para la unificación de la doctrina por falta de contradicción. Entiende la Sala de lo Social que el supuesto fáctico de la sentencia de contraste nada tiene que ver con el sustenta estos autos, y ello a pesar de que en los dos la extinción colectiva fue acordada por el Juez del concurso, pero mientras que en este se impugna el despido del actor por existencia de grupo de empresas de efectos laborales, en el que recoge la sentencia de contraste se impugna el despido por sucesión empresarial. No existiendo, por tanto, la necesaria identidad, se inadmite el recurso, señalando que en estos casos el único que es competente para resolver este tipo de cuestiones es el Juez de lo mercantil, y es allí, a través del procedimiento incidental en materia laboral donde se debió resolverse el conflicto, y no ante los Juzgados y Tribunales de este orden social.
Resumen: Por auto del Juzgado, confirmado por la sala de suplicación se declaró la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de una demanda de tutela de derechos fundamentales planteada por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en la cual denuncia el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, así como al honor y la propia imagen, solicitando el fin de la conducta y la reparación de daños materiales y morales. En el recurso de casación unificadora el actor insiste en la competencia de esta jurisdicción. Se estima el recurso y se declara la competencia del orden jurisdiccional social. Desde la sentencia de 14 de octubre de 2014 (RD 265/2013) la Sala viene manteniendo que en materia de prevención de riesgos laborales la competencia del orden social es plena, tanto si la acción se encauza a través de un proceso ordinario, como si se hace a través de la modalidad procesal de tutela. En este caso se reclaman daños materiales y morales derivados del acoso laboral con infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. Es de aplicación lo dispuesto en el art. 2-e) de la LRJS.
Resumen: Se plantea en casación unificadora la competencia de la jurisdicción social española para conocer de una demanda por despido y cesión ilegal de trabajadores, presentada por el demandante, domiciliado en Alicante, contra Deloitte con domicilio en España y la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), organización internacional con sede en España (Alicante), mediante tres contratos de arrendamiento de servicios profesionales, sometidos expresamente a la legislación civil y mercantil. El demandante afirma que, inmediatamente después de la suscripción del primer contrato, fue cedido ilegalmente como trabajador a la EUIPO, donde ha prestado exclusivamente servicios laborales. La Sala IV ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los límites de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estados extranjeros. Conforme a los parámetros de la LO 16/2015 la sentencia analiza el régimen de inmunidades y privilegios de la EUIPO que se estableció en el Acuerdo de Sede entre España y la Unión Europea y concluye que la inmunidad de jurisdicción no alcanza las controversias que pueda mantener con sus empleados, que no son personal estatutario de la EUIPO, ni ostentan la condición de colaborador externo y que realizan una actividad de sin realizar actividades propias del ejercicio de un poder público. Se confirma la sentencia recurrida, que declaró la competencia de la jurisdicción social española y se descarta la inmunidad de jurisdicción reclamada.
Resumen: Se cuestiona si la ejecución iniciada por el juzgado de lo social, de los bienes embargados al empresario concursado, debe quedar en suspenso hasta que el juzgado de lo mercantil se pronuncie sobre su necesidad para que pueda continuar la actividad empresarial, en el supuesto previsto en el art. 5 bis de la Ley Concursal. Sostienen los recurrentes que el Juzgado de lo Social no puede acordar la suspensión de la ejecución de los bienes embargados a la empresa concursada, sino que debe seguir adelante con la misma hasta que haya un pronunciamiento del Juzgado Mercantil sobre su necesidad para la continuidad de la actividad empresarial. Tras exponer los antecedentes resueltos por la Sala de Conflictos, la sala Cuarta concluye que el juzgado de lo social viene obligado a suspender la ejecución hasta que el juzgado mercantil se pronuncie sobre si los derechos o bienes embargados son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, o se produzca alguna de las otras circunstancias contempladas a tal efecto en el art. 5 bis LC, cuando específicamente señala que desde la presentación de dicha comunicación por parte del deudor no podrán iniciarse ejecuciones de tal clase de bienes o derechos.
Resumen: La sentencia anotada declara la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer del derecho de un trabajador a ser contratado con preferencia a otro que tiene puesto inferior en la bolsa de empleo del Ayuntamiento (de Marbella) demandado. Con lo que reitera la doctrina establecida en las STS Pleno 11-6-19, Rec 132/2018, 3-2-2012, Rec 2861/18, en el sentido de que la doctrina anterior de la Sala sobre las bolsas de trabajo en la Administración Pública ha de entenderse modificada tras la entrada en vigor de la regulación contenida en la LRJS art. 2.n), que atribuye a esta jurisdicción el conocimiento de las "demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional".
Resumen: Empresa y trabajador llegaron a un acuerdo conciliatorio en el que se pactó la percepción por éste de una indemnización por cese de 420000 €, expidiéndose certificado por la empresa en el que se indica que dicha cantidad está exenta de tributar por IRPF. La administración tributaria reclamó al trabajador la suma correspondiente a la liquidación de dicho impuesto, mas los intereses, que es reclamada en la demanda rectora por el actor a la empresa. Revocando la decisión de instancia, la sala de suplicación declara la competencia del orden social para conocer de la demanda; decisión confirmada por la sala IV que, con reiteración de doctrina previa, declara que, al no versar el litigio sobre la procedencia o cuantificación de la carga tributaria, sino pura y simplemente sobre la forma y manera en que, voluntaria y unilateralmente, la empresa pretende solventar los errores por ello cometidos en la exacción de dicho tributo, la competencia corresponde al orden social de la jurisdicción.
Resumen: La sentencia confirma la del TSJ que tras desestimar las excepciones de incompetencia de jurisdicción, inadecuación del procedimiento y litisconsorcio pasivo necesario, estima la excepción de falta de agotamiento de la vía previa por lo que no realiza pronunciamiento sobre el fondo sobre el conflicto. La demanda de conflicto colectivo interpuesta por CCOO tenía por objeto la reclamación de incrementos salariales del personal investigador universitario. El recurso de la Universidad pretende que se declare la falta de competencia del orden jurisdiccional social o, subsidiariamente, la inadecuación de procedimiento de conflicto colectivo. La Sala IV tras razonar que en el presente caso se produce una reclamación netamente salarial se declara la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer de la demanda. Y con relación al planteamiento de la empresa que cuestiona si se produce un conflicto plural, la Sala declara que el hecho de que un litigio tenga por objeto un interés individualizable, que se concrete en un derecho de titularidad individual, no hace inadecuado el procedimiento especial de conflicto colectivo, siempre que el origen de la controversia sea la interpretación o aplicación de una regulación que afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores, en este caso todos los trabajadores de la Universidad demandada en quienes concurra la condición de estar sujetos por alguna de las dos modalidades de contratos de investigación.
Resumen: El sindicato ESAN planteó demanda de tutela frente a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, en materia de derechos fundamentales y prevención de riesgos laborales. La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y declaró la obligación de aquella Consejería de suministrar a todos los efectivos de la Ertzaintza determinados medios de protección frente a la Covid-19. La sentencia comentada desestima el recurso de casación formulado por la Letrada del Gobierno Vasco, tras rechazar la excepción de incompetencia de jurisdicción - de acuerdo con la competencia plena sobre la materia que la jurisdicción social tiene atribuida por el art. 2 e) LRJS, interpretado por la jurisprudencia que cita - y descartar igualmente la incongruencia extra petita alegada, la inadecuación de procedimiento y el incumplimiento de las reglas de la carga de la prueba, confirmando la infracción de las medidas de prevención denunciadas en los términos que señala.
Resumen: La sentencia recurrida estimó parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales (derecho a la salud, a la vida y a la integridad física) interpuesta por CCOO condenando al Servicio Vasco de Salud al cese inmediato en su conducta vulneradora y a llevar a cabo la evaluación de riesgos por COVID 19 de los puestos de trabajo y por tareas específicas en los centros hospitalarios que cita. La Sala IV declara a competencia del orden social conforme a la interpretación del artículo 2 e) LRJS y de la jurisprudencia de esta Sala Cuarta citada y del auto de la Sala de Conflictos de Competencia de este Tribunal núm. 12/2019, 16/05/2019. El sindicato recurrente sostiene en casación que la entidad demandada no realizó evaluación de riesgos alguna siguiendo la normativa exigible por la LPRL la representación legal de los trabajadores no ha participado en la elaboración de las evaluaciones de riesgo. La Sala IV, inalterado el relato fáctico, desestima los dos motivos razonando que resulta acreditado que la entidad demandada cumplió en los centros, no comprendidos en el ámbito de la condena las obligaciones preventivas de evaluación del riesgo y planificación de la prevención y protección del personal, y que no toda infracción de la normativa sobre prevención de riesgos laborales conduce inexorablemente a la vulneración del derecho a la salud o a la integridad física del artículo 15 CE; únicamente aquéllos incumplimientos que provoquen un riesgo de un perjuicio para la salud.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones el actor impugna la extinción de su contrato de trabajo, amparada en el auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Toledo de 27/2/2017 que autorizó la extinción de los contratos de todos los trabajadores de la empresa concursada. El auto de instancia, resolutorio de recurso de reposición, apreció la excepción de falta de jurisdicción; decisión confirmada por la sala de suplicación. La sala IV desestima el recurso de casación unificadora planteado por el actor al entender que no concurre la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas. Así, mientras que en el caso de autos se impugna un despido posterior a dictarse el auto autorizando la extinción del contrato por el Juez de lo Mercantil, en el supuesto de contraste el despido es anterior a que se dictara tal decisión judicial relativa a la resolución de los contratos, aunque la empresa ya había sido declarada en concurso. Por tanto, ambas sentencias adoptan decisiones conformes a la jurisprudencia del TS. Se desestima el recurso.
